“El gobierno de (Rafael) Correa despertó muchas expectativas, esperanzas e ilusiones no solo en Ecuador sino en muchas partes del planeta. Es un gobierno que apoyó, porque era la presión de la ciudadanía, a una nueva Asamblea Constituyente en donde se expedían los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza”, considera el exministro de Energía y Minas del Ecuador, Alberto Acosta. 

Sin embargo; la realidad que se perfilaba hace seis años (cuando Correa se alzaba como presidente) es muy distinta: El gobierno ahora está tomando distancia de todos los planteamientos que tienen que ver con los derechos colectivos, el agua como un derecho humano fundamental, el respeto a la vida y a las organizaciones sociales y políticas que tienen, también de acuerdo con la Constitución, el derecho a la resistencia pacífica, según detalla Acosta.

“Lo que había sido una propuesta de revolución, de transformación profunda, ahora el presidente está liderando una suerte de restauración conservadora en el Ecuador. El presidente Correa es el gran modernizador del capitalismo y no está respetando ni los derechos de la naturaleza, ni los derechos de los indígenas y comunidades”, manifiesta el exministro.

Uno de los casos emblemáticos en ese país es el reclamo contra la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, sin haber realizado una consulta previa al respecto.

“Esa zona del Yasuní, vecina a la frontera con Perú, es una suerte de arca de Noé: hay cualquier cantidad de biodiversidad. Se debe evitar la emisión de millones de toneladas de CO2 si se explota ese petróleo”.

Acosta considera que no hay ahora preocupación por la biodiversidad. “Dicen que la explotación del Yasuní apenas se afectará el 1 por 1000, pero es mentira. No hay una preocupación por lo que significa una creciente emisión de CO2. Ya no se habla de eso. No hay tampoco preocupación por la pérdida posible de fuentes de agua. En ese sentido el presidente ha negado la posibilidad de que con una consulta popular, el pueblo ecuatoriano decida sobre el Yasuní. Que fue plasmada en la constitución y cristalizada mediante el recojo de firmas para someter a consulta popular la explotación”, informa.

Gabriela Ruales, integrante de la Ong Acción Ecológica, considera que en estos últimos años, el gobierno ecuatoriano cierra cada vez más las puertas a la consulta previa y al cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas.

“En el 2007 el gobierno apoyó y promovió la iniciativa Yasuní. Se generó una movilización social. Pero ahora, Ecuador ha retrocedido en materia de respeto a las comunidades y al medio ambiente”, dice.

Ruales cuenta que los Yasunidos, grupo del que forma parte, juntaron las firmas necesarias para someter la iniciativa de explotar el Parque Nacional del Yasuní, a una consulta popular. Pero las instituciones electorales de su país anularon la mayor parte de las rúbricas trayendo abajo su esfuerzo. Ahora, se encuentran en una lucha constante para proteger no solo el área de conservación, sino a las poblaciones que viven y se desarrollan en ese lugar en aislamiento voluntario.