Proteger, respetar y remediar. Estos son los principios rectores que las Naciones Unidas quiere que las transnacionales cumplan, pero que sin embargo, trasgreden. “Los derechos humanos son ahora una parte importante del desarrollo sustentable, al integrarse en el componente social del análisis junto a los temas del ambiente y la gobernanza. Asimismo, las relaciones sostenibles con las comunidades locales se han convertido en un factor clave en el compromiso de las empresas con los derechos humanos”, sostiene el secretario de estado de Noruega, Morten Hoglund.  

Con este propósito se celebró durante este mes en Ginebra el Tercer Foro Anual de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos para promover la implementación de los principios rectores, aprobados en 2011 por un amplio consenso de Estados, empresas y la sociedad civil. Estos principios, sin embargo, no son vinculantes, es decir, no están obligados a cumplirlos, se tratan de recomendaciones para prevenir, mitigar y remediar los impactos negativos en los derechos humanos, con el objeto de favorecer a las personas y comunidades afectadas por los negocios y proyectos de inversión.

El evento contó con más de 2.500 participantes, entre ellos, representantes de gobiernos, empresas, ONGs, sindicatos, pueblos indígenas, académicos y medios de comunicación. El foro se enfocó en la discusión de planes nacionales para la implementación de los principios rectores, en el diseño de sistemas de reparación y en la identificación de buenas prácticas.

Estados Unidos, Chile y Colombia anunciaron que lanzarán procesos “ampliamente participativos” para la elaboración de sus planes nacionales de acción enfocados en los negocios. En la región latinoamericana, sólo cinco países (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela) cuentan con estos programas, pero aún tienen la tarea de incorporar el enfoque de los Principios Rectores (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela).

“Los principios rectores han impulsado un diálogo franco y abierto sobre las obligaciones de los Estados y las responsabilidad de las empresas para cumplir los derechos humanos en los negocios que impulsan”, afirma Jorge Cortés Fajardo, de Oxfam Bolivia.

El experto remarca además que organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, han integrado estos principios en sus políticas y están comenzando a desarrollar herramientas para su implementación y seguimiento. Sin embargo, puntualiza que “el mayor esfuerzo todavía debe provenir de los Estados nacionales que también poseen empresas propias y participan comprando servicios, proveyendo fondos o estableciendo normas para proyectos de inversión impulsados por el sector privado”.

Aún queda pendiente el debate abierto por la reciente aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de la resolución 26/9 para crear un nuevo Grupo de Trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas en el derecho internacional de los derechos humanos.

Desde la sociedad civil destaca el creciente interés por promover iniciativas de rendición de cuentas para las empresas basadas en sistemas rigurosos de indicadores basados en la transparencia, el acceso a la información y el escrutinio público que puedan ser aprovechados por los distintos actores para impulsar mejores políticas y prácticas, como la iniciativa de Oxfam con la campaña “Tras la Marca” o “Behind the Brands”.

Reto pendiente: respeto a los derechos de los pueblos indígenas

“Exhortamos al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y a los Estados, a ser coherentes con todos los convenios, tratados y estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas en la formulación de los Planes de Acción Nacionales”, reclamó Bettina Cruz, presidenta del Cónclave de los Pueblos Indígenas, celebrado en el marco de este foro.

Nelly Romero, responsable de relaciones internacionales y cooperación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) destacó la importancia de la implementación de los principios rectores haciendo un llamado a los Estados y empresas a actuar de buena fe y poner especial atención al correcto cumplimiento del derecho al Consentimiento Previo Libre e Informado que permite proteger y respetar otros importantes derechos de las comunidades afectadas tales como el derecho a participar en las decisiones a través de sus propias instituciones; el derechos a administrar sus territorios y los recursos que les sirven de medios de vida; a recibir compensaciones e indemnizaciones justas cuando los impactos no son mitigables y el derecho a participar en los beneficios de los proyectos de inversión cuando se realizan dentro de sus territorios ancestrales.

Los pueblos indígenas reiteraron como estándar mínimo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Asimismo, instaron a los Estados a impedir la expansión de monocultivos y el uso de organismos genéticamente modificados cuando exista riesgo de impacto en tierras, territorios y aguas de las comunidades; y a prohibir la minería metálica a cielo abierto, el uso de mercurio, de técnicas de “hidrofractura” (fracking) y el secamiento de sistemas hídricos para actividades extractivas.

“Lo más importante es lograr acuerdos en distintos niveles que aseguren que los negocios aporten a una mejor calidad de vida de las personas impactadas especialmente los grupos más vulnerables que enfrentan las mayores desigualdades en el acceso a justicia y los medios para una vida digna”, reflexiona Fajardo.