A pesar de las más de 80 consultas que votaron por el no a la minería a lo largo del país, los proyectos continúan y el impulso por este sector se renueva. El Gobierno de Otto Pérez Molina, pro industrias extractivas, presentó en 2012 la iniciativa de Ley 4590 para reformar la Ley de Minería, promulgada en 1997, y que de acuerdo a Maldonado “sólo beneficia y mejora las condiciones en que las empresas están aprovechando los recursos minerales en Guatemala”. La iniciativa legislativa está en la Comisión de Energía y Minas, esperando a que se dé luz verde, para que sea debatida y aprobada en el Congreso de la República.  

La iniciativa de Ley N°4590 propone mantener la escasa protección ambiental, la no regulación del tema de consultas comunitarias en el otorgamiento de licencias, y mantener las regalías mineras por debajo del 4%. “La iniciativa ha causado un serio y amplio rechazo de los ciudadanos”, destacó el abogado. Rechazo que se constató además en la encuesta que realizó el periódico Prensa Libre en enero del año pasado donde un 66% de la población se declaró contraria a la minería.

La Ley de Minería vigente se promulgó durante el gobierno de Álvaro Arzú, y como afirma el estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales refleja la “tendencia de la época hacia la promoción de la extracción primaria como fuente de atracción de inversión extranjera directa (IED) y como sector impulsor de la economía nacional”. El Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, recomendó en su informe de 2011 promover “reformas a la Ley de Minería y la normativa ambiental relevante”. Sin embargo, la aprobación de la reforma propuesta generaría, según el experto, “más conflictividad y más pobreza”.

‘No a la minería’

El mencionado documento titulado “Minería en Guatemala: realidad y desafíos frente a la democracia y desarrollo” resalta además que “la normativa actual no tiene mecanismos adecuados para asegurar la participación de las comunidades”. No obstante, mediante normativa ordinaria sí se contempla la obligación de consultar, así lo contempla el artículo 26 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el artículo 65 del Código Municipal.

Más de 80 consultas comunitarias y cinco consultas municipales han expresado el no rotundo al desarrollo de la minería en el país. Resulta relevante el caso del municipio de Mataquescuintla (Jalapa) donde tras celebrarse una consulta comunitaria contra la exploración y explotación de mineras en ese municipio, la Corte de Constitucionalidad avaló este proceso.

Recientemente, Pobladores de Cantel (Quetzaltenango) rechazaron la actividad minera en su territorio, según datos de la primera consulta comunitaria. Los resultados, 23 mil 391 votos en contra de esta actividad, serán entregados al Ministerio de Energía y Minas y al Congreso para que las autoridades respeten la decisión de la comunidad de Cantel y no autoricen ninguna exploración ni explotación de sus recursos naturales.

No obstante, a pesar de existir este amplio rechazo a la actividad extractiva, el informe se muestra pesimista y sentencia que si continúa la trayectoria actual, la minería de metales en Guatemala estará caracterizada por “una presión incremental: poco espacio para la discusión, negociación, y vinculación entre actores, aumento de denuncias de violación a los derechos humanos, y en particular de los derechos colectivos indígenas, poca capacidad de respuesta de un marco normativo incompleto, caracterizado por la fragilidad del marco legal e institucional en materia ambiental”.