A propósito de la promulgación de la Ley 30230, que simplifica los procesos para la inversión privada incluyendo el rápido otorgamiento de títulos de propiedad sobre el área en el que se realizará la inversión en zonas rurales, la abogada de Cooperacción, Ana Leyva, alertó acerca de la vulneración de derechos de comunidades y poblaciones indígenas que puede conllevar el ejercicio de esta norma. 

En los artículos 37 y 39 de la norma, se habla de “acciones extraordinarias de saneamiento físico legal para predios comprendidos dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión, independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios”, y así se ha creado un procedimiento especial en la Ley 30230 para aquellos predios que se ubican en territorios en donde se quieren realizar grandes inversiones. “Lo que quieren es facilitar, es decir, donde haya un proyecto de inversión, hacer este procedimiento de saneamiento físico legal para facilitar el acceso de las tierras a los titulares del proyecto”, explicó Leyva.

Si una empresa requiere la propiedad de una zona donde pretende realizar un proyecto de inversión, basta que lo solicite la propia compañía o la entidad que promueve ese tipo de inversión para que se active todo este procedimiento especial.

Así lo establece el artículo 39 de la Ley 30230, que refiere: “las solicitudes de acceso a los procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios, pueden ser realizadas por entidades públicas a cargo del proyecto de inversión (Competencia del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI o la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN), o titulares de proyectos”.

Leyva alertó esta situación a propósito de una carta que la Defensoría del Pueblo, envío a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en donde advertía la vulneración de los derechos en materia de tierra y territorio, de las comunidades amazónicas e indígenas.

“Una buena parte del territorio nacional en zonas rurales le pertenece a comunidades campesinas y nativas. Entonces, hay una alta probabilidad de que sean afectadas. Lo que dice la Defensoría del Pueblo es que se está violando su derecho a tierra y territorio. Una ley de esta naturaleza debió ser consultada”, enfatizó la abogada de Cooperacción.

Para Leyva, el gobierno está superponiendo la inversión privada sobre los derechos fundamentales de las comunidades que viven en zona rural.

“Esto puede significar desplazamiento. Lo que afecta a las comunidades debe consultarse. Una comunidad sin su tierra pierde el elemento central de su identidad. La carta de la Defensoría es importante para alertar al gobierno sobre la inconstitucionalidad de la norma que se piensa implementar”, puntualizó Leyva.

Recalcó que la inversión por sí sola no trae desarrollo, es importante fijarse en la calidad de la inversión, por lo tanto considera preocupante el que se relajen regulaciones que protegen derechos y el ambiente:

“Te puede generar tantos problemas que lo que ganaste con la inversión. No compensa el daño social, económico ambiental que puede ocasionar. No se trata de que venga la inversión que sea bajo las condiciones que sean”, señaló la abogada.