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CASO ANDOAS

“Si el Estado hubiese avanzado, ya estaríamos en proceso de consulta previa en el lote 192”

Más de 40 años de explotación petrolera dejaron a casi 50 mil pobladores de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en Loreto, en la absoluta incertidumbre y con daños ambientales, de salud y de territorio que el gobierno no se apresura en reparar. El próximo año la concesión del Lote 192 de Pluspetrol llegará a su fin y aún no hay asomo de una Consulta Previa justa para un pueblo que aún espera respuestas.

Publicado: 2014-12-02

El lote 192 (ex Lote 1AB), de extracción petrolera, está ubicado en el corazón de la selva de Loreto, en una extensión de más de 492 mil hectáreas, en donde conviven cuatro pueblos indígenas: Achuar, Quechua, Kichwa y Urarina, que juntos suman una población de aproximadamente 50 mil personas.  

El 192 es explorado y explotado desde la década de 1970. Primero a cargo de la empresa Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy), y desde el año 2000 por la argentina Pluspetrol. En el territorio coinciden las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

El agua dulce con que las comunidades solían realizar sus actividades cotidianas, está contaminada por la abundante y nociva cantidad de petróleo. Pluspetrol no cumplió con los parámetros ambientales y el Estado, débil, no pudo detenerlo.

Sus aguas están contaminadas con metales pesados e hidrocarburos totales de petróleo (TPH). Así lo confirman diversos organismos estatales como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Distintos informes como el de Source Internacional advierten que esta elevada exposición de las poblaciones indígenas puede provocar daños a la sangre, a los riñones y al hígado. Además, determinados compuestos son dañinos para los fetos, provocan el cáncer, y en otros casos puede llevar a la muerte.

En agosto de 2012, el gobierno peruano anunció el inicio del proceso de Consulta Previa para las comunidades indígenas del Pastaza; puesto que en agosto del 2015 vence el contrato de Pluspetrol en el Lote 192.

Naturalmente, quienes a diario sufren las consecuencias de la irresponsabilidad empresarial a la hora de realizar sus actividades extractivas, exigen al Estado una indemnización por los daños causados en estos más de 43 años de explotación.

Es así que exigen una indemnización por los daños sociales y ambientales producidos, la compensación por el uso de sus tierras, remediación de pasivos ambientales, dar solución a la problemática de la zona y la titulación de sus territorios.

Ante el poco actuar del Estado peruano, las comunidades han organizado jornadas de luchas y reclamos, el último 28 de octubre, un grupo de manifestantes tomó el aeropuerto Alférez FAP Alfredo Sara Bauer de Andoas, Loreto, exigiendo al Estado más resultados y eficiencia para resolver la problemática de las poblaciones afectadas por la contaminación en la zona.

El abogado Jorge Tacuri, especialista en programas de defensa de derechos los pueblos indígenas, explica que el desarrollo de la problemática en Andoas y la incapacidad del Estado, sucede en un contexto en donde las federaciones ya habían logrado que se declare en emergencia ambiental sanitaria a la zona, visibilizar todos los impactos sociales y ambientales, y entablar un diálogo con el Estado que ahora está duramente cuestionado.

“En ese contexto, Pluspetrol desarrolló una política de relaciones comunitarias que tendió a separar a las comunidades de las federaciones. Y es ahí que, en el tema de las compensaciones, la petrolera fue hacia las comunidades y trató de imponerle sus condiciones, sin que exista ningún intermediario o negociador”, cuenta Tacuri.

Sin embargo; al no conseguir resultados, las cuatro cuencas se unieron para entablar una mesa de diálogo en bloque con la participación de sus federaciones, por los asesores que libremente elijan pero sobre todo, cuando se trata de negociaciones, con valorizaciones técnicas e independientes.

Desde el 2004, en la cuenca de Corrientes se empezó a visibilizar el vertimiento de las aguas de producción petrolera a los ríos. “Ahí empieza a haber un trabajo organizativo entre todos y la cuenca del Corrientes es la que toma liderazgo”, cuenta Tacuri.

En 2008, vuelven a tomar el aeropuerto resultando 50 indígenas detenidos, a este hecho se le conoce como “El Andoazo”. Ese año empezó una lucha que hasta ahora no consigue los frutos que esperaba. Las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza y Corrientes empezaron a poner en la agenda nacional y regional el tema de la contaminación.

“Si el estado hubiera tenido la capacidad de instalar un diálogo fructífero con ellos, ya estaríamos llevando a cabo el proceso de consulta, porque las federaciones dijeron que antes de iniciar el proceso de consulta, tenían que cumplir con las condiciones requeridas, porque se trata de una zona en donde ya ha habido 40 años de actividad petrolera y hay que verificar unas condiciones mínimas”, explica el abogado.

Las comunidades piden titulación; sin embargo, ese proceso es lento y desgastante, incluso existe la intención de decir que las comunidades indígenas llegaron al lugar antes que la petrolera. Según comenta Jorge Tacuri, en el tema social el Estado está ausente, incluso en temas de salud.

“Considero que no existe una voluntad política. Es un gobierno totalmente debilitado, capturado por los poderes fácticos, y que no le van a permitir cumplir una agenda de derechos. No va a poder que el Estado garantice derechos. Seguramente terminará garantizando algún tipo de interés o intereses. Hay peligro y amenaza en el lote 192, hay riesgos para las poblaciones indígenas. De una vez todos entendemos que la mesa de desarrollo no sirve. Seguramente habrá propuestas de distintos lados para mejorarla, reestructurarla no sabemos, pero la respuesta es que no está para atender las demandas más urgentes de las comunidades”, puntualiza el abogado.

Pluspetrol está ad portas de culminar su contrato pero hay voces que dicen que quiere continuar. Renovarlo. Sin consulta previa. Sin haber resarcido los graves daños al ambiente. Aún Perupetro no expresa si la empresa argentina está en condiciones de participar, debido al incumplimiento de su contrato en materia ambiental.

“En el diálogo con el Estado, los indígenas están totalmente frustrados. En cuanto a la mesa de diálogo están reaccionando muy rápido con respecto a las eventuales manipulaciones y estrategias de la empresa Pluspetrol. Las federaciones siguen siendo la principal fuerza en esa lógica de diálogo, al menos no han podido dividirlos”, finaliza Tacuri.


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